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Tras quedar envuelta en un escándalo por un audio en el que pide que un beneficiario de un plan social le pague mil pesos, la concejal de Rosario de la Frontera Valeria Orozco dijo que solo es “intermediaria” y que “bajo ningún punto de vista” ella se queda con el dinero.
En un audio que se viralizó ayer, la edil le recuerda a un joven que recibe el Potenciar Trabajo que debe dos cuotas, con lo cual queda sospechada de participar de una maniobra ya conocida: ayudar a gestionar planes sociales y luego pedir a los beneficiarios que le hagan “una retribución” a cambio.

En declaraciones a una radio local, Orozco argumentó hoy que hace un tiempo contactó a un conocido de Buenos Aires para que consiguiera planes Potenciar Trabajo para ciudadanos de Rosario de la Frontera. Sostuvo que 31 personas obtuvieron el beneficio luego de esa gestión y que los incluyeron “en una cooperativa” a la cual ahora deben pagarle “una cuota”.
Manifestó que ella no es parte de la cooperativa pero admitió que se encarga de “controlar” a los beneficiarios del plan que quedaron dentro de esa organización y dijo que, por eso, le había pedido a un joven que está atrasado con el “aporte” que se ponga al día.
En su confuso descargo, no explicó qué tiene que ver con su función de legisladora la tarea de “controlar” a trabajadores de una cooperativa o pedirles a beneficiarios de planes sociales que le paguen a una cooperativa.
En el audio que se había conocido ayer, la concejal le requería a la madre de uno de los jóvenes beneficiarios mil pesos. Su mensaje decía: “Hola Gladis... ¿cómo va? Yo no tengo comunicación con tu hijo, pero por favor... creo que ellos están cobrando el mes de febrero el viernes que viene”. Agregaba: “Ellos deben contribuir con la asociación con 500 pesos... Yo no les cobré el mes anterior porque quería asegurarme de que vuelvan a cobrar, porque entonces tu hijo ya me tendría que dar mil pesos”.
La edil hoy argumentó, ante consultas periodísticas: “Cuándo yo hablo a la señora Gladis es porque el chico estaba demorado en ese aporte, donde yo simplemente soy intermediaria y colaboradora de esta cooperativa porque su presidente vive en la Ciudad de Buenos Aires. Inclusive él me pidió que haga el control de los chicos, que hoy están trabajando en las escuelas”.
Enfatizó en que “bajo ningún punto de vista” se queda con el dinero y agregó, a modo de justificación, que no hay una denuncia penal por el tema.